Hijos de Mercurio
EN LA ANTIGÜEDAD, el dios Hermes, entre los griegos, o
Mercurio, entre los romanos, era considerado indistintamente patrono de los
ladrones, los heraldos y mensajeros. De los primeros, porque se hizo costumbre
que recurrieran a sus habilidades escapistas para apropiarse de lo ajeno. De
los segundos, por la relación con la fugaz, volátil y poderosa palabra capaz de
revelar o velar la verdad divina. También, se lo asoció con los médicos y la
medicina por portar el caduceo o bastón de la concordia entre la inquina y el
antídoto. Hoy, quienes nos dedicamos a la comunicación y muy especialmente los
periodistas somos vistos como una mezcla de ambas devociones, devotos como
somos a apropiarnos de los hechos y dichos que atestiguamos desde un punto de
vista, así como de emplear las botas de siete leguas que soportan a la palabra
en tanto medio para transportar la verdad o un aspecto de la verdad de tales
hechos y dichos hasta el parecer comunitario. Respecto de lo tercero... A
veces, en el intento de propiciar la concordia conseguimos más bien la
discordia.
Días atrás una amistad tuvo a bien compartir en
mi perfil de Facebook un reportaje tomado de Foro TV, de la empresa Televisa,
donde se exponen —una de tantas veces más— casos de corrupción registrados en
video por ciudadanos mediante sus celulares.
Lo relacionado a la posibilidad de grabar a los policías o a
otros entes sociales por parte de cualquier ciudadano, no nada más quienes nos
dedicamos al periodismo, es un tema delicado. Por mucho que se trate de figuras
públicas, ello no los limita en sus derechos relacionados con su identidad, la
cual está protegida y garantizada constitucionalmente como la de cualquier
mexicano. Sí, es necesario reglamentar las circunstancias que pueden
considerarse atenuantes o agravantes respecto del hecho y los dichos retratados
en calidad de evidencia inculpatoria; pero, el conjunto de los ciudadanos no
lee o ni se entera de los reglamentos y ello incide en que también las personas
comunes cometan atropellos, en su leal saber y entender, contra las mismas
autoridades y funcionarios públicos, contra pares civiles o presuntos
delincuentes.
A eso hay que sumar que muchas veces, más de las que
quisiéramos, las dichosas "evidencias" no son probatorias de lo que
quien las registra o publica quiere denunciar desde el momento que solo capta
parcialmente (por encuadre o momento de inicio y fin de la secuencia del
suceso) el hecho, el que no siempre es descrito con suficiencia y más bien se
presenta descontextualizado, lo que deriva en la tergiversación y perversión de
lo expuesto en un franco y voluntario o quizá ingenuo y torpe sensacionalismo
que deforma la opinión pública hacia los actores de lo acontecido.
Esto se agrava, como es comprensible, en lo que toca a los
ciudadanos comunes, sin oficio periodístico o político, para quienes es fácil
grabar subrepticiamente. Quienes nos dedicamos al periodismo sabemos bien que,
desde hace poco tiempo, la ley permite (y obliga a los funcionarios públicos)
grabar aquellas reuniones entre funcionarios y ciudadanos, por aquello del
"no te entumas" y "no sea que digan que a Chuchita la bolsearon",
sin que ello suponga una tropicalización del Water Gate. Sin embargo, tal no
ocurre en otros ámbitos como el privado donde, por ejemplo, asambleas de
asociaciones, sindicatos o cámaras empresariales están sujetos a acuerdos sin
los que no es permitido registrar dichos y hechos. Acuerdos, por ejemplo, como
los que derivan en la elaboración de documentos audiovisuales con probable
utilidad legal para la fe de hechos por parte de un notario o como elemento de
cargo o descargo frente al Ministerio Público o una autoridad judicial, o
simple ilustración frente al interés de la opinión pública. El suelo entonces
no está parejo sino chipotudo.
Si además se suma que los materiales son susceptibles de
modificación, edición, alteración, así sea con un práctico fin aclaratorio de
síntesis (quitar la paja) u otro, pues más complicado se ve que pueda
reglamentarse a cabalidad sobre esto.
Quienes nos dedicamos al periodismo y la comunicación
estamos obligados, por ética profesional y más desde la existencia de las
nuevas tecnologías, a poner sobre aviso y solicitar la venia de un entrevistado
para grabar audio o video e incluso tomar notas sobre un particular. Ante una
negativa no podemos traicionar el principio. Desafortunadamente para nosotros
como para muchas fuentes potenciales, la negativa a veces orilla a que
recabemos y confirmemos los dichos por otros caminos tal vez más tortuosos,
ingeniosos o truculentos en afán de allegar la verdad de un hecho o un dicho y
afianzar lo recogido de memoria, resultando contraproducente y odioso el resultado
para quien se negó en primera instancia, quizá al amparo de su derecho.
El pez por la propia boca muere y los periodistas estamos
entrenados para echar el anzuelo. Cuando se nos declara algo off the record
estamos obligados a respetar la secrecía, pero ello no obsta para que podamos
insinuar, entre líneas, el hecho o el dicho en cuestión. Por eso muchas de las
cosas que escribimos, sobre todo en los artículos de fondo como este, crónicas
y reportajes, parecerían crípticas para el común denominador de los lectores no
acostumbrados a leer entre líneas. Y también ocurre que muchas veces los mismos
declarantes, queriendo ocultar los verdaderos motivos y datos entre su discurso
sueltan sin querer o queriendo información que nosotros sabemos interpretar, deducir,
asumir como indicio a partir del cual hemos de escarbar en otras fuentes para
ampliar el dato. Por supuesto que no estamos exentos de yerros. De ahí que, aun
antes que depender de un adminículo como una grabadora, lo hagamos de nuestra
perspicacia, olfato, capacidad de observación. Algunos, incluso, tenemos la
habilidad para leer de cabeza o al revés y, a ojo de pájaro, detectar algún
dato en un documento suelto o un gesto no verbal que nos da pie para tirar de
la línea para que el pez solo se ensarte, y guardamos en la memoria la
referencia para, en su momento, tender la red discursiva que envuelva a la
presa cebada, se trate de un funcionario público, una autoridad o un ciudadano
común relacionado con la verdad de un hecho o un dicho específico. De ahí que
luego seamos vistos, en tanto testigos, con desconfianza, temor, o seamos
tachados de mil linduras. Siempre es más fácil culpar al mensajero, incluso
"matarlo" para que no se remueva el fango. Y vivimos constantemente
en el filo de la navaja, como digo en un artículo de próxima publicación.
De ahí que, de la mano de la necesidad de reglamentar estos
asuntos, se atienda la sutil frontera entre el trascendido y la difamación. La
segunda, en buena medida queda salvada mediante el registro puntual de los
pelos y señales de un asunto, cuando se da la oportunidad que no siempre
resulta cómoda o conveniente para la parte con función de fuente informativa.
Mas el primero, aun teniendo como base dichos y hechos concretos, por ser
medianamente evidentes o conocidos de modo subrepticio, se presta para que el
indiciado alegue de manera abierta alguna aparente infidencia con presumible
propósito difamatorio.
Pongo un ejemplo cercano: recientemente, en la inauguración
del Paseo de Las Marinas por el alcalde Edgar Olvera Higuera, así como hice con
otros funcionarios ese día, me acerqué a Mauricio Rojas, Subdirector de
Capacitación de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Jefe de la Corporación de
la Policía Montada, en un intento más por obtener su declaración para conocer
su punto de vista y datos relevantes sobre dicha corporación luego que algunos
representantes vecinales se han mostrado opuestos a la presencia de la Montada
en zonas residenciales de Naucalpan. Considero no nada más importante, sino
fundamental darle al funcionario voz y réplica frente a las denostaciones
públicas de aquellos; para que el público lector pueda formarse un criterio lo
más neutral y objetivo posible a partir del contraste de las distintas fuentes
relacionadas y contradictorias y en relación con el reportaje que al respecto
vengo preparando. No es esto sino el fundamento del periodismo de veras
comprometido (no aquél que en la etiqueta del compromiso solo implica la
adhesión a una particular visión partidaria sobre un asunto).
Momentos antes había entrevistado justo a su superior, el
Comisario y Director General de Seguridad de Naucalpan, Arturo Rodríguez, quien
respondió amablemente. Mauricio, también con gran amabilidad, advertido de que
no estaba yo grabando si no daba su venia, me pidió que agendara con Guillermo
Torres, el Director General de Comunicación, una entrevista para que también él
estuviera presente, inseguro como se siente por la falta de oficio político
frente a los medios. Yo acepté por decente razón protocolaria y de inmediato solicité
a uno de los miembros de dicha dirección, presente cerca, que considerara la
posibilidad. Anotó mis datos y quedamos en agendar la cita, la que a la fecha
todavía no me ha sido dada. Charlamos y comenté al funcionario Rojas, sin
preparación policiaca ni en temas de seguridad más allá de su experiencia en la
creación del concepto Cadena de Vecinos, que era importante conocer su postura
dado que el tema ya venía tomando tintes políticos, a lo que se limitó a decir:
"Es que yo no soy político, solo soy un ciudadano".
Está bien que un funcionario se entienda primero como
ciudadano. Eso, por principio de cuentas, lo coloca en una posición de honesta
e inocente vulnerabilidad capaz de justificar cierta empatía con el resto de la
población. Pero privilegiar la condición de ciudadano sobre la de funcionario y
además enfatizar una postura apolítica como pretexto o limitante para enfrentar
las preguntas que un periodista u otro ciudadano pueda hacerle, ya da qué
pensar sobre el soporte, capacidad y visión con que puede estarse estructurando
y funcionando en una posición de gobierno de tal estatura por muy buena
voluntad e ideas que se tengan.
Por supuesto que nada, fuera del sentido común, lo obliga a
contestar los cuestionamientos míos o de nadie en general, como hizo esa vez y
otra antes, cuando, invitado para exponer en conferencia su idea de Cadena de
Vecinos justo por un vecino de mi fraccionamiento La Florida, donde dicha
oposición a la Montada por parte de la presidente de la asociación Colonos de
La Florida, la Dra. María de Lourdes Fromow, ha supuesto un desgaste
institucional mal manejado, le planteé la posibilidad de aprovechar la ocasión
para aclarar el punto. "Yo no vengo como funcionario, sino como
ciudadano", me dijo. "Ese tema lo tratamos en la oficina, si
quieres", remató. Quién le iba a decir que, en su cara, al final de su conferencia,
Ma De Lourdes Valdes Fromow, quizá desconocedora del cargo del funcionario,
arremetería insistentemente contra la Montada, conminando a los vecinos
presentes a firmar contra la corporación, mientras él ¿llevado por la
prudencia? ni se inmutó.
Así, lo mostrado en el video de abajo tanto como lo expuesto
en las líneas anteriores ponen en evidencia justo la dificultad a que nos
enfrentamos primero los profesionales de la comunicación y enseguida los
diletantes entusiasmados por el poder que da un celular en la mano, de una
parte; y, de la otra, los que, obligados a actuar de un determinado modo,
conforme a unas expectativas sociales y públicas, en su impericia o en su
indolencia o en su ciega voracidad se ensartan solos frente al villano
periodista.
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