DANDO SEGUIMIENTO a lo que ya publiqué en estos Indicios Metropolitanos y en espera de información oficial, he cuestionado a fuentes del ayuntamiento de Naucalpan de Juárez acerca de la demora en el nombramiento de un encargado de despacho de la defensoría de Derechos Humanos municipal o la conformación de una nueva terna para nombrar a un nuevo comisionado, ya que la anterior comisionada, Jéssica Guadalupe Mota Valdés, fue destituida en medio de un escandalito hace ya poco más de un mes y luego de días de haber sido investida con el cargo. La sola demora ya implica una violación del ayuntamiento a la legislación vigente.

Sé, por trascendido (de fuente oficial) que:

Dicha fuente, además, explicó:

O sea… ¡Una cuestión de matices semánticos!

Esto es serio y, de ser así, ya no solo sería incumplimiento legal del gobierno municipal, sino del Gobierno del Estado de México por haber rebasado el plazo de ley para el efecto. Es posible que José Manzur Quiroga, Secretario de Gobierno de Eruviel Ávila, ¿no tenga medido este dato? ¿Dónde está la Comisión Estatal de Derechos Humanos para acelerar el proceso? ¡Para eso me gustaba!

La explicación adicional de la fuente, dada a modo de excusa y eufemismo de esos que se usan hoy para ser “políticamente correcto” deja, sin embargo, la gravedad del asunto en calidad de nata de lama, flotando en el remanso del cabildo municipal; pues, para empezar, el solo verbo traiciona y evidencia la omisión o, por lo menos, la negligencia de ambos gobiernos en un tema de vital importancia para la sociedad naucalpense como cualquiera otra. Simplemente, dando una vista de pájaro sobre el diccionario leemos:

Entonces, aluzado el asunto, la indiscutible y literal destitución de la comisionada de Derechos Humanos de Naucalpan está sujeta a los vaivenes burocráticos, sin mencionar los recovecos judiciales tras su escándalo por acoso que siguió a la separación del cargo y en que se vio envuelto el regidor panista Guillermo Jiménez Zamudio.

La depuesta estuvo en su derecho de denunciar al regidor tanto como él de actuar en consecuencia. Esa es una historia. No obstante, el conjunto del cabildo y muy especialmente la Primera Síndica, la panista María Elena Pérez de Tejada Romero, promotora —junto con Jiménez Zamudio— de la exoneración sobre Jéssica Mota, a quien señaló de falsaria y mantener vínculos viciosos relacionados al menos con tráfico de influencias, ¡deberían haberse puesto las pilas! —para decirlo de modo coloquial— para hacer lo conducente y llenar el vacío dejado por sus decisiones. Aquí no hay un único culpable, sino una responsabilidad compartida que abarca lo mismo al alcalde que al pleno del cabildo y contradice el espíritu mismo expresado a la letra en la visión corporativa de la defensoría asentada en el portal del gobierno municipal:

Si sucedió el acoso, eso ya lo valorará la autoridad respectiva; pero ello no debería ser motivo de freno para el nombramiento conforme a la ley —ya está más que violentada—, al menos, de un encargado de despacho. ¿Cuánto más tenemos que esperar?

Ya sé, mi lectura es equivocada. Donde debía leer “bacantes”, torpemente he leído “vacantes”. ¡Perdóname, Eurípides!